Piden que la ley de universidades consolide la autonomía

La autonomía universitaria es una bandera que se ha enarbolado muchas veces. Voces ligadas a las instituciones de educación superior afirman que hay que garantizar esa condición y que la ley de educación universitaria vetada atentaba contra ese principio.

Para Luis Fuenmayor Toro, ex director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la Ley de Universidades vigente desde 1970 estipula todo lo necesario en este aspecto y no hay que agregar ni cambiar nada. El artículo 9 del texto dice que las instituciones de educación superior pueden dictar sus propias normas; realizar sus programas de docencia, investigación y extensión; nombrar a sus autoridades y designar al personal; y utilizar el presupuesto con libertad.

César Villarroel, profesor de la Universidad Central de Venezuela, apunta que hay una herramienta indispensable en la discusión: la Constitución.

Para él, los artículos 106 ­que habla de la fundación de instituciones privadas bajo la vigilancia del Estado­ y 109 ­que explica cómo debe ser la autonomía, en la que se incluye la inviolabilidad del recinto universitario­ pueden dictar las pautas para la nueva ley. Asegura que debe mantenerse lo que ya existe y establecer algunas regulaciones.

El director de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, Arquímedes Mundaraín, asegura que hay consenso en el tema. La Asociación de Rectores Bolivarianos, a la que él pertenece, ha conversado con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y con otros profesores que tienen posiciones diferentes. Coinciden en la importancia de garantizar la autonomía. También concuerdan en la necesidad de adoptar lo que establece la Constitución y transformar las universidades.

Mundaraín piensa que ya todo está dicho en el artículo 109 de la Constitución y en el 34 de la Ley Orgánica de Educación ­en el que se habla de la autonomía, pero se introducen algunos controles­.

“La Ley de Universidades de 1970 no aplica porque fue hecha para otro momento, con objetivos distintos. Nosotros luchamos y le dimos carácter constitucional a la autonomía. La concepción general de una nueva ley debe apuntar hacia el desarrollo del poder popular”, dijo.

La ley vetada hablaba sobre la garantía de la autonomía, pero, para muchos, en realidad atentaba contra ella. Los consultores jurídicos de las universidades que integran la Averu se reunieron en enero y redactaron un documento que indicaba que el instrumento legal tenía la intención de anular la autonomía, porque concentraba funciones en el ministerio del área, eliminaba el Consejo Nacional de Universidades y reducía el derecho de las instituciones a crear sus reglamentos sobre varios asuntos, entre otros puntos. “La ley puede consagrar fórmulas organizativas distintas para las universidades, siempre que se mantenga el contenido esencial de la autonomía universitaria”, escribieron.

Condiciones autonómicas. Eleazar Narváez, ex vicerrector académico de la UCV, se declara un apasionado de la autonomía. De hecho, escribe una tesis doctoral sobre el asunto.

La nueva ley debe andar de la mano con la Constitución, dice. Ahora, ¿qué agregarle? Que se den las condiciones para llevar ese principio a la práctica.

“Una de esas condiciones es el financiamiento. La ley debe establecer un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la educación superior, que puede ajustarse. Si la universidad no cuenta con presupuesto adecuado para evitar la atadura administrativa, siempre vamos a tener una autonomía precaria”, asegura.

Agrega que una ley no puede contener imposiciones ideológicas. “Yo diría: ¿por qué no garantizar la autonomía a todas las universidades, incluidas las experimentales?”.

Decir que una universidad es autónoma no significa que tiene la libertad de hacer lo que le provoque, sin controles, subraya Narváez. En realidad, se trata del autogobierno, que se puedan concebir los planes de vida propios: “Pero si no se garantizan las condiciones para que eso funcione, no se hace nada”.

Democracia
Cuando existe autonomía, la democracia universitaria está garantizada, dice Tulio Ramírez, presidente de la ONG Asamblea de Educación: “Cualquier ley que pretenda regir a las universidades tiene que reconocer de manera taxativa la existencia de este principio y de la libertad de cátedra. Sin eso, se levanta cualquier cosa menos una universidad”.

A juicio de Ramírez, la democracia política es diferente a la universitaria. Mientras en la primera los grupos se organizan para imponer un proyecto de país, en la segunda eso no es posible porque el objetivo es la búsqueda del conocimiento. En la universidad existe una jerarquía basada en la meritocracia. Ofreció la explicación en un foro que se realizó ayer en el Palacio de las Academias, como parte del ciclo De la universidad real a la universidad posible, organizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar, presentó una ponencia en el foro. Refirió, entre otras cosas, que en los países europeos y anglosajones la autonomía no está estipulada en ninguna ley porque la vida académica se ha regido por ese principio.

El próximo foro será el 15 de febrero, a las 11:00 am, y tratará sobre el modelo financiero, la rendición de cuentas y la contraloría social.

El Nacional, 14 de febrero de 2011.