En Venezuela hay 30.151 casos de persecución política

IMG_2121 [320x200]Propuesta de Ley de Amnistía fue presentada ayer en la AN

Lisbeth Bernal / Departamento de Información y Medios USB.-

“En Venezuela existen 30 mil 151 casos que develan una persecución política a los venezolanos, cuyo único delito, al parecer, es expresar una opinión en contra del gobierno”. La afirmación corresponde a Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, quien estuvo en un foro celebrado el miércoles pasado en la USB, junto a otros expertos en la materia, para debatir sobre la propuesta de Ley de Amnistía que fue presentada ayer en la Asamblea Nacional.

El anteproyecto de ley es una iniciativa de varias ONG´s que decidieron unir esfuerzos para elaborar una propuesta adaptada a la realidad venezolana. Con dicha propuesta, explicó Larilem Rodríguez, coordinadora de derechos Humanos del Centro Popular de Formación Ciudadana, se busca sentar las bases de la reconciliación nacional, a través de la corrección de desviaciones y equívocos de la justicia. “La amnistía, significa olvido legal de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores”, por lo cual, aclaró, no se trata de un indulto, ya que el primer término se refiere al olvido de hechos, y el segundo, al perdón. Además el indulto lo concede el Presidente de la República a personas en particular, mientras que la amnistía es competencia exclusiva del poder legislativo y está relacionado con hechos.

En este caso, se intenta que la ley abarque todos los hechos descritos en el proyecto, desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigencia, lo que beneficiaría a 2.530 asilados, 23.234 perseguidos, 20 prisioneros políticos y 4.367 procesados o acusados. “Son alrededor de 30 mil personas que se beneficiarían de la ley”.

De acuerdo a Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso -Fundepro-, no serán beneficiados con la presente ley aquellas personas que previamente a la entrada en vigencia de la misma, hayan sido imputadas y acusadas formalmente por el Ministerio Público o por la víctima, y condenadas de manera expresa con sentencia definitivas, por violaciones graves a los derechos humanos; porque la amnistía es un camino a la justicia, no a la impunidad.

El proceso para su aprobación, indicó Sandoval, comienza en la Asamblea Nacional, luego el Presidente de la República tiene 10 días para promulgarla o remitir su observaciones y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia tiene 15 días para evaluarla y decidirse por tres opciones: “declararla constitucional, inconstitucional o no emitir pronunciamiento, el silencio se entiende como aprobación”. Por último, señaló, el Presidente debe promulgarla, y si no lo hace, la Asamblea Nacional tendrá ese derecho.

De aprobarse esta ley, el amnistiado podrá acudir al juez para solicitar la aplicación de la amnistía. En consecuencia, de manera inmediata, cesan los procesos, “no importa en la fase en la cual se encuentren”. Sin embargo, dado que quienes aplicarán la ley serán los mismos jueces que están a cargo de estas injusticias, Sandoval informó que el anteproyecto incluyó una comisión de seguimiento, integrada por diputados y asesorada por ONG´s, quienes se encargarán de velar por la aplicación correcta del instrumento legal.

Adicionalmente, adelantó Theresly Malavé, en la Asamblea Nacional se están desarrollando otros proyectos que permitirán poner freno a las prácticas ilegales que atentan contra los derechos de los ciudadanos como por ejemplo, encarcelar a una persona por la simple sospecha que manifieste un “patriota cooperante” sobre un ciudadano que opina diferente al gobierno.

Los presos políticos y la AN necesitan apoyo 

Este foro es uno de varios que realizarán a nivel nacional las ONG´s para explicar en qué consiste este anteproyecto debido a que su legislación, afirmó Malavé, requiere del apoyo de toda la sociedad civil. “Es un trabajo arduo y no podemos dejar sola a la Asamblea Nacional.  Es una realidad que, prácticamente no existen instituciones independientes, y este es un cambio ambicioso que tiene como objetivo principal lograr la reconciliación nacional y la paz”.

Un testimonio de violación de derechos humanos fue relatado por Jackeline Pineda, esposa del ingeniero en computación egresado de esta casa de estudios, Juan Manuel de Sousa, quien fue detenido por el Sebin el 21 de enero de 2014. “Para quienes todavía tienen dudas de la existencia de prisioneros políticos -aseguró Pineda- en Venezuela sí hay presos políticos. Para mi familia ha sido muy duro y la razón de apresarlo es por pensar diferente. La prueba que tienen en Fiscalía es haberle encontrado una bandera con 7 estrellas. Él está en lo que se conoce como La Tumba y no podemos divulgar nada de lo que ahí sucede porque debemos firmar un documento de confidencialidad, pero la situación es difícil”. Pineda contó algunos problemas de salud que padeció su esposo y que tras múltiples gestiones, logró que finalmente atendieran sus dolencias. “No olviden a los presos políticos. Ellos están ahí porque decidieron levantar sus voces en contra del gobierno”.

En ese sentido, Malavé, advirtió que todos, sin excepción, “somos presos políticos potenciales en Venezuela”, pues los casos registrados así lo demuestran. No importa la edad, el color de piel, ni siquiera el nivel socio económico, cualquiera que el sistema considere una molestia termina perseguido, afirmó.

En las intervenciones del público, se planteó cambiar el nombre del anteproyecto por Ley de Reconciliación Nacional, pues argumentaron que resulta contradictorio la amnistía en relación con el contenido de la propuesta, debido a que se supone que los presos políticos son inocentes, así que expusieron que no debería olvidarse nada, especialmente si el sistema nacional cometió injusticias y maltratos en contra de los prisioneros.

Este evento fue organizado por la Asociación de Profesores de la USB, la Federación de Centros de Estudiantes y Asesoría Jurídica. En la instalación asistió por las autoridades, la vicerrectora administrativa encargada, Mariella Azzato. Como moderador estuvo el asesor jurídico, José Jacinto Vivas y como maestro de ceremonia, William Anseume, quien destacó el trabajo realizado por Asesoría Jurídica USB en asociación con la ONG Foro Penal y otros colaboradores, para la liberación de estudiantes detenidos. También intervino Jonathan Arteaga de la Comisión por la libertad de los estudiantes detenidos -creada en septiembre de 2014 por la Apusb-, para agradecerle a los familiares de las víctimas, su asistencia al evento y pedir justicia para los prisioneros, pues ese mismo día del foro, la juez a cargo del caso de Juan Manuel de Sousa, pospuso para el mes de abril, la audiencia, sumando más tiempo a su detención sin el debido cumplimiento al proceso, en detrimento de su salud.

 

 

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Un comentario

  1. Y las personas q fuimos victimas directas del golpe d estado el 2002 y el 2014 d las guarimbas y perdimos seres queridos quien nos hace justicia?

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