Comunicado del Consejo Directivo sobre tablas salariales

COMUNICADO

El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, reunido en su sesión de hoy 30 de mayo de 2018, acordó comunicarle al país su más absoluto rechazo a la imposición de sueldos y salarios establecidos según comunicaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología que arrojaron como resultado unas inaceptables tablas salariales, disociadas por completo de la realidad económica venezolana actual y de los planteamientos al respecto establecidos en la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales que en nuestro país tienen también rango constitucional.

Hace años en Venezuela el sueldo y los salarios del sector público no se discuten con las partes interesadas sino que son impuestos por el gobierno nacional, sea de manera directa o indirecta, a través de organizaciones gremiales y/o sindicales, igualmente impuestas. Se vulneran así, nacionalmente, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la negociación colectiva tripartita de las condiciones laborales y los acuerdos en cuanto a las discusiones negociadas de sueldos y salarios. Por otra parte, se desconocen también los planteamientos de esa organización en cuanto al trabajo decente: “… oportunidades para que hombres y mujeres obtengan trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”.

Por su lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla como un derecho fundamental el nivel de vida, en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

También nuestra Constitución Nacional reconoce como esencial el valor de la remuneración por el trabajo, al manifestar en su artículo 91 que: “Todo trabajador o trabajadora tienen derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

En tal sentido, este Consejo Directivo repudia categóricamente el desconocimiento de los Derechos Humanos y los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, y, muy especialmente de los profesores, administrativos y obreros  universitarios. No es posible que con un sueldo básico de máximo Bs. 5.630.788 pueda subsistir en la realidad económica actual un trabajador de rama laboral alguna, mucho menos de la educativa, la cual debería ser prioridad para el Estado, como también está establecido en nuestra Carta Magna. Para atender esas ingentes necesidades urge la aplicación cabal de la Constitución cuando señala: “El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. El costo de esa canasta básica familiar se ubicaba para el mes de abril en Bs. 137.641.692,65. Ése debe ser el orientador económico en materia de sueldos y salarios; no otro, no la imposición ni el desconocimiento de todos los derechos por parte del gobierno de Venezuela, como ocurre en la actualidad con esa tabla de ajustes de sueldos. Esta desproporcionada acción económica contra los trabajadores coloca a las universidades al margen de las reglamentaciones y leyes internas así como a incumplir con derechos fundamentales de la persona humana, a pagar sueldos indignos de cualquier profesional, lo que ubica a las universidades nacionales en riesgo permanente en cuanto a su subsistencia institucional, debido a la diáspora que genera en todos los sectores laborales que la integran, especialmente el raigal que es el sector académico, e impide la prosecución adecuada del cumplimiento de sus objetivos, primordiales para el desarrollo de la nación.

Dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, en sesión ordinaria del Consejo Directivo a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Enrique Planchart, Rector – Presidente

Refrendado,

Cristián Puig,  Secretario