Uso de bombas lacrimógenas durante protestas no respetó la vida ni la salud

Mónica Krauter, profesora de la USB.

Tesis doctoral de Mónica Krauter

Elsa Pilato / Departamento de Información y Medios USB.-

Un estudio realizado por la profesora Mónica Krauter, del Departamento de Procesos y Sistemas de la USB, presentado como tesis doctoral, concluyó que el uso de las bombas lacrimógenas por parte de los cuerpos de seguridad para controlar manifestaciones públicas, fue indebido, de acuerdo con la normativa venezolana y los tratados internacionales suscritos por el país, y no apegado a la ética.

La investigación de Krauter, que defendió con éxito para optar al título de Doctora en Desarrollo Sostenible, aporta pruebas científicas sobre el impacto del uso indebido en la vida y salud de las personas y en los aspectos ambientales del desarrollo sostenible, en el Municipio Chacao de Caracas, durante el período abril de 2014 – julio de 2017.

La investigadora identificó, a través de acercamientos, reuniones y charlas con víctimas y victimarios durante cuatro años, 21 usos indebidos de las bombas lacrimógenas, tomando como referencia el marco legal venezolano.

Con testimonios y evidencia audiovisual, determinó que, contraviniendo la legislación, las bombas lacrimógenas se usaron directamente contra cabeza, cuerpos y miembros inferiores de los manifestantes; a corta distancia (menos de 100 metros); en espacios confinados y cerrados como el interior del transporte donde había detenidos; contra personas de espalda o en franca retirada; para perseguir y emboscar; así mismo, fueron usadas en grandes cantidades, de manera continua y por tiempo prolongado; disparadas a menos de 45 grados de inclinación; directamente contra viviendas, estacionamientos, edificios de oficinas, plazas, centros comerciales, cercanías de escuelas, hospitales y geriátricos; contra miembros de la prensa y primeros auxilios; desde carros blindados y motocicletas en movimiento; desde puentes y, adicionalmente, fueron dejadas sin usar en zonas de conflicto, empleadas antes de iniciarse cualquier concentración y manipuladas sin el uso de mascarilla ni instrucción adecuada.

Krauter relacionó los usos indebidos identificados con aspectos ambientales de las dimensiones del desarrollo sostenible: salud, aspecto físico natural, economía, social, cultura, e incorporó una dimensión novedosa, la político institucional, dentro de la cual evaluó elementos como la demostración de poder y la legitimidad de desempeño y la autoridad. “El análisis dio como resultado impactos mayoritariamente muy negativos en la salud, en lo económico y social. El único impacto positivo fue para el Gobierno en el aspecto de demostración de poder, porque con el uso de las bombas, sí lograron su objetivo de demostrar poder, así lo dijeron las personas entrevistadas”.

El área más afectada fue la salud de las personas, incluidos los miembros de los cuerpos de seguridad. “Los gases lacrimógenos están definidos como armas químicas no letales, su uso está reglamentado, porque podrían tener efectos mutagénicos (en el ADN), teratogénicos (en el feto), clastogénicos (en los cromosomas) y cancerígenos en personas vulnerables expuestas reiteradas veces durante mucho tiempo”.

Para interrelacionar estos resultados con tres valores de la ética, respeto, honestidad y responsabilidad, Krauter realizó entrevistas semiestructuradas a diez personas que ocupaban cargos claves durante las manifestaciones, incluyendo a miembros de los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Nacional Bolivariana).

Las respuestas le permitieron demostrar que en el uso de las bombas lacrimógenas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, “no se respetó la vida, no se hizo el bien, no se evitó el mal, no se respetó la dignidad humana, no se practicó la solidaridad, no se procuró la paz y tampoco se evitó la violencia, concluyéndose que su uso no fue ético, es decir, no fue respetuoso, honesto ni responsable”.

Asimismo, la tesis doctoral abre la discusión sobre la necesidad de incorporar el comportamiento ético en la praxis hacia el desarrollo humano sostenible. “No puede haber desarrollo humano sostenible sin conducta ética”.

El mal uso de las bombas lacrimógenas, entre 2014 y 2017, se realizó pese a que Venezuela cuenta con un marco legal “amplio y estricto” en materia de Derechos Humanos, y ha sido pionero en los acuerdos internacionales de desarrollo sostenible. “Esto no ha servido de nada, a pesar de todos estos compromisos, no se cumplen las leyes, y esto es una razón de ética”.

El marco legal nacional sobre el uso de bombas lacrimógenas también es extenso: Venezuela suscribió, en 1993, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción, la cual entró en vigencia el 29 de abril de 1997, ampliando así el Protocolo de Ginebra de 1925, donde se establece que las bombas lacrimógenas son un tipo de arma química no letal en la categoría de agente lacrimógeno.

Además, el artículo 68 de la Constitución de 1999, “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en control de manifestaciones pacíficas. Entre las sustancias tóxicas, entran las armas químicas”.

Otras normas, de 2010 y 2011, sobre el uso son la Ley Orgánica Normas sobre la actuación de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones (Gaceta Oficial N° 39.657), y Ley Orgánica Normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial por parte de los funcionarios de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político-territoriales (Gaceta Oficial N° 39.390).

Gas vencido, gas letal

Krauter realizó la caracterización física de 8 mil bombas lacrimógenas que logró reunir, y química a una muestra de 1.563 bombas.

Indicó que según las leyes, los únicos gases permitidos en el control de manifestaciones son gas pimienta, gas CN (cloruro de fenacilo) y gas CS (clorobenzilideno malononitrilo), siendo este último el compuesto que contiene la mayoría de las bombas compradas por Venezuela.

La investigadora logró identificar ocho tipos de bombas, según las carcasas, tipo de balín que contenían información impresa en ellas, y concluir que las mayoritariamente empleadas, 72%, fueron las de marca Cóndor (Brasil), las marca Cavim (21%), marca desconocida (5%) y las tipo granada de mano (2%). “Uno de los tipos de bombas identificados fue la de cartucho metálico sin identificación, en violación al Protocolo de Ginebra que obliga tanto al fabricante como al comprador a que se identifique en los cartuchos el tipo de gas, características y diámetro del cartucho, componente activo, la forma cómo se debe utilizar, fecha de fabricación y de vencimiento”.

El uso de bombas lacrimógenas vencidas se comprobó en 80% de las marca Cóndor usadas entre abril de 2014 y diciembre de 2015, estaban vencidas desde abril de 2013; 100% de las Cavim, usadas desde abril de 2014 hasta julio de 2017, estaban vencidas desde 2013 o desde 2015; y 100% de las tipo granadas de mano estaban vencidas desde 1987, 1992, 1995, 2002, 2013, 2014 y 2015.

Krauter destacó que el gas CS tiene una duración de 5 años, luego de ese tiempo, y por efectos de calor y humedad, comienza la descomposición en cianuro, fosgeno, acetileno y ácido clorhídrico. “La organización para el control de armas químicas define que el fosgeno, cianuro y acetileno en concentraciones muy pequeñas pueden causar la muerte. Las armas químicas al estar vencidas se convierten en letales”.

Daniel Varnagy, profesor de la USB y tutor de la tesis doctoral de Mónica Krauter.

En la categorización química, usando la técnica de cromatografía de gases para identificar el compuesto, se determinó que el gas mayoritariamente encontrado en las muestras fue gas CS, se halló la presencia de muchos otros compuestos por efectos de descomposición, y no se logró identificar ninguno de los tres gases permitidos en las muestras de las bombas lacrimógenas que no tenían identificación. “Dado que no hay evidencia de que el material recabado sea representativo de las bombas empleadas durante el lapso evaluado, no podemos afirmar inequívocamente que no se haya empleado otro tipo de gas”.

A las víctimas

Mónica Krauter dedicó su tesis doctoral a las víctimas de la represión en Venezuela, que entre abril de 2014 y julio de 2017, fueron 164 personas fallecidas, 2.878 heridas y 7.017 detenidas, según cifras de Provea.

Entre las víctimas mortales se cuenta a Juan Pablo Pernalete, quien murió asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena, según relato de la Fiscalía General de la República. Su padre, José, asistió a la conferencia sobre la investigación realizada en la Sala Rosario Horowitz de la Biblioteca.

Krauter le reiteró a José Pernalete su compromiso para que su trabajo sea conocido en instancias internacionales de justicia. “Es un proceso lento, pero no pierdo la esperanza de que se haga justicia por todas las víctimas”.

Daniel Varnagy, profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas y tutor de la tesis, resaltó que “para buscar la justicia, primero hay que buscar la verdad, esta tesis es la cristalización de la verdad. La función de la academia en sistemas políticos autoritarios, tiene necesariamente que poner la verdad y la ciencia por encima de todo para demostrar las cosas, no solo emitir opiniones. En la tesis de Mónica Krauter hay pruebas científicas que pueden usarse en las más altas instancias internacionales, para mostrar el talante de este sistema, y este es el grandísimo valor de este trabajo”.

La conferencia finalizó con un minuto de silencio en honor a las víctimas de la represión en Venezuela.

Fotos: Alfredo Terán

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