Las Autoridades Rectorales ante la pretensión de pagar sueldos por la plataforma Patria

Las Autoridades de la Universidad Simón Bolívar nos pronunciamos ante un nuevo intento de violar la Autonomía Universitaria por el gobierno venezolano a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, al exigir a las universidades que generen el pago de nóminas de su personal académico, administrativo, obrero, pensionado y jubilado por intermedio de la plataforma Patria.

Hasta este momento ninguna universidad nacional ha recibido oficialmente el instructivo para elaborar y consignar las referidas nóminas; la información sólo se conoció a través del director del programa Administrativo Financiero de la Opsu, Ing Omar Oberto Aparicio, mediante la aplicación de mensajería Telegram, sin ningún basamento legal.

Por ser una medida que involucra el derecho fundamental de la remuneración de los trabajadores, las Autoridades Rectorales rechazamos de manera contundente la intención de centralizar el pago de los sueldos de trabajadores, jubilados y pensionados a través de la plataforma Patria.

La medida improvisada del gobierno venezolano de centralizar el pago de  las nóminas universitarias, además de violar la Autonomía Universitaria, consagrada en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 109, representa la apropiación ilegal del presupuesto para el pago del personal de las universidades nacionales, el cual en su totalidad ha venido siendo disminuido a mínimos históricos desde hace más de diez años.

Con la pretendida centralización del pago de nómina desde la plataforma Patria, externa al control de la administración universitaria, los trabajadores universitarios padecerán de pagos extemporáneos y tardíos de sus misérrimos sueldos, que son violatorios de los Derechos Humanos y las disposiciones establecidas por la Organización Internacional del Trabajo; ubicando a los trabajadores universitarios en un estado de indefensión al no poder acudir a ningún ente gubernamental que proteja sus derechos laborales, en virtud de que las universidades perderán el control de la ejecución presupuestaria de la nómina y de la rendición de cuentas.

Ante la falta de garantías de que se paguen a tiempo y completos los sueldos de los trabajadores, las universidades y sus sistemas administrativos estarán de manos atadas, pues no existirá ningún organismo que responda por las posibles demoras o recortes de los pagos.

Las universidades nacionales, y en especial la Universidad Simón Bolívar, tienen ya experiencia en la centralización de algunas áreas de su funcionamiento, como el comedor estudiantil, que pasó de ser administrado por esta casa de estudios a ser atendido directamente por el Ministerio de Educación Universitaria.

La eliminación de la partida presupuestaria para el manejo del comedor estudiantil, bajo la promesa de mantenimiento y mejora  del servicio, dio paso al convenio SEDEFANB/MPPEUCT, mediante el cual se recibían los insumos para la elaboración de los menús (proteínas, verduras, víveres, etc.). Sin embargo, la informalidad e inconstancia en la entrega de insumos dio como resultado la elaboración de comidas desbalanceadas, pobres en nutrientes, y, en general, escasas para atender a más de 70% de los estudiantes que dependían de esta fuente de alimentación, hasta que la medida final fue el cierre de los comedores por falta de presupuesto y de insumos para poder mantener el servicio.

La misma suerte corrió el servicio de transporte estudiantil y de los trabajadores administrativos, obreros y académicos, quienes dependen casi en su totalidad de los autobuses institucionales, al no ser atendido mediante la asignación presupuestaria de la OPSU. A la fecha, nuestro limitado sistema de transporte depende de las donaciones que realizan entes no gubernamentales relacionados con la USB y sin respuesta por parte del gobierno nacional.

Otro beneficio del que no han hablado los entes gubernamentales y que dejaron de cancelar en 2020 es el pago del 8.5%,  que corresponde al personal activo y pensionado a cuenta de los montos generados por las prestaciones sociales acumuladas anualmente, aprobado por el Consejo Nacional de Universidades.

Igual ha ocurrido con los Planes de Salud y Funerarios que fueron centralizados a través del SISMEU en el año 2017 y que ya hoy en día desapareció por su ineficiencia y falta de cobertura, dejando al personal universitario desprotegido con el agravante de no contar con sueldos adecuados con los que se podría optar por seguros privados.

De manera que nada de lo que están prometiendo con esta migración a la plataforma Patria garantizará el derecho sagrado de los trabajadores, a su remuneración quincenal, así como los bonos y demás beneficios como aportes a las cajas de ahorros, institutos de previsión, ni las retenciones del Seguro Social, etc.

Las universidades nacionales tampoco tendrán garantía del respeto y el pago de los beneficios laborales que ha alcanzado cada universidad y que se hicieron efectivos antes de las Convenciones Colectivas Únicas.

En conclusión, no tenemos duda de que esta nueva medida arbitraria e improvisada representa, en definitiva, el cierre de la universidad pública nacional venezolana, ya diezmada por los años continuos de desinversión y asfixia presupuestaria.

Recordemos que el poder ejecutivo no tiene derecho a imponer decisiones a las universidades porque la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES ORIGINARIA Y CONSTITUCIONAL.

Prof. Enrique Planchart

Rector

Prof. Luis Holder

Vicerrector Académico (E)

Profa. Mariella Azzato

Vicerrectora Administrativa (E)

Prof. Cristian Puig 

Secretario

Prof. Alberto Armengol

Director de la Sede USB del Litoral

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