Cuestionan proyecto de ley de Cajas de Ahorro y solicitan consulta pública

Deberán financiar superintendencia y proyectos sociales

Elsa Pilato / Departamento de Información y Medios USB.-

El Proyecto de Ley que regula las actividades del Sistema Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular, que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, contiene artículos e indefiniciones que incidirían sobre el funcionamiento y administración de las cajas de ahorro, de acuerdo con el análisis elaborado por el Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorro del Personal Académico de la USB.

Los profesores Oscar Gómez (presidente), Edgar Macías (vicepresidente) y Robert Carletti (secretario), miembros del Consejo de Vigilancia, explicaron que el proyecto fue promovido por la Federación de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares de Venezuela (Fecafasv), a raíz de una alocución presidencial de finales de 2015, durante la cual el presidente Nicolás Maduro dijo que el sistema de cajas de ahorro debía fortalecerse.

En un documento público, indicó el profesor Gómez, Fecafasv fija posición sobre la propuesta presidencial. “Propone una nueva ley para ‘promover la integración, innovación, uso de nuevas tecnologías, y la inversión social productiva por parte de las cajas de ahorro como contribución para saldar la inmensa deuda social que existe en nuestro país’”.

Una de las críticas más importantes al proyecto es la introducción de conceptos muy generales, falta de definición de los mismos, y ambigüedades que ameritan una discusión amplia con la participación de los actores involucrados en la actividad que regula la ley.

El análisis enviado el 13 de octubre a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico por los Consejos de Administración y Vigilancia de CapaUSB, señala que la justificación del proyecto relaciona a las cajas de ahorro “con una (la) política nacional de promover el llamado ahorro popular, y endosarle a la nueva ley la misión de combatir la exclusión, los circuitos informales, la indivisibilidad del ahorro, el atesoramiento, la usura y la inflación. En el lenguaje político, estos conceptos no son más que referentes globales que conllevan una fuerte carga afectiva, cuya inadecuación a la realidad se pondrá de manifiesto después, cuando ya no haya remedio para corregir sus efectos adversos”.

¿Ley innovadora?

El nuevo instrumento sustituiría a la vigente Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones Similares, y aunque es promovido como una ley innovadora, introduce solo 23 nuevos artículos y deja sin cambios el resto del articulado (146 artículos), incluyendo la exposición de motivos de la ley actual, destacó Gómez.

El documento enviado a la AN señala que en la exposición de motivos “no hay explicación convincente alguna de cuál es el problema de la actual ley (que los tiene, por supuesto), que no pudieran resolverse con una modificación puntual de la misma”, por lo que “no queda otra opción que objetar, de inicio, esta iniciativa”.

Otro detalle que hace notar es que el proyecto de ley fue presentado por Williams Dávila, diputado de la Comisión de Política Interior. “Usualmente, lo presentan diputados que tengan que ver con la materia”.

De Superintendencia a Instituto Autónomo

Una de las novedades del proyecto, explicó Gómez, es que el órgano de control y supervisión que es actualmente la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca), que depende del Ministerio de Finanzas, se convierte en un instituto autónomo, adscrito para su control al ministerio, pero con recursos para su funcionamiento provenientes de los haberes de los miembros de las cajas de ahorro; además, el superintendente ya no será designado por el Ministro de Finanzas, sino por el Presidente de la República.

El documento señala “que el presupuesto del proyectado Instituto será financiado con los recursos de una contribución especial que deberán pagar las cajas de ahorro por un monto igual al 2% del beneficio a repartir entre sus asociados, al término del ejercicio fiscal correspondiente, y por los aportes que le haga el Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Finanzas. En la práctica, de materializarse esta propuesta, el producto de esa contribución especial que el Estado restará del beneficio económico representado por los haberes a repartir, o capitalizar, cada año, es una cuantiosa suma de dinero de la cual dispondrá, discrecionalmente el Instituto Autónomo que asumiría las funciones que hoy ejerce la Superintendencia de Cajas de Ahorro”.

Además, el instituto está facultado para constituir un consejo consultivo, en cuya conformación las cajas de ahorro siempre estarán en minoría a la hora de tomar decisiones que afectan a sus afiliados.

Otra de las observaciones al proyecto de ley es sobre uno de sus objetivos que señala: “Articular los recursos de varias asociaciones de ahorro para emprender proyectos sociales, en beneficio de los trabajadores y su grupo familiar”. De acuerdo con el análisis de CapaUSB, “la indeterminación de este objetivo o la ambigüedad de su formulación permite preguntarse, entre otras inquietudes, cuáles serían los criterios para seleccionar las asociaciones cuyos recursos se articularían y cuáles serían los proyectos sociales del caso, aparte de inquirir, igualmente, a quién corresponden las decisiones pertinentes”.

CapaUSB llama la atención acerca “de lo ambiguo que resultan las disposiciones concernientes al destino de los recursos que se espera obtener por vía de la contribución especial” que harían las cajas de ahorro.

“Queremos opinar”

Los miembros del Consejo de Vigilancia expresaron que quieren opinar sobre este proyecto de ley. “La Fecafasv ha hecho asambleas en las regiones con cajas de ahorro para presentarles el proyecto, pero quien debe someterlo a consulta pública es la AN, en este caso la Comisión de Finanzas. Quisiéramos que se establezca un cronograma de actividades para hacernos presentes y dar nuestra opinión, y que la Comisión ponga a gente que conozca la materia a analizar el proyecto. No nos oponemos, porque las leyes no son para eternizarse, las leyes siempre van detrás de los hechos sociales, las cosas aparecen y luego sale la ley. Las cajas se han metido en campos en los que antes no estaban, y todo eso debe estar reflejado en una nueva ley, pero hay que explicarlo, dar los motivos”.

El documento de CapaUSB fue suscrito por los Consejos de Vigilancia de las cajas de ahorro profesorales de ULA, LUZ y Ucla.