Consejo Directivo rechaza imposición de sueldos y salarios por parte del Gobierno

El Consejo Directivo – CD- rechazó la imposición de sueldos y salarios por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, por considerarlas “disociadas por completo de la realidad económica venezolana actual y de los planteamientos al respecto establecidos en la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales que en nuestro país tienen también rango constitucional”.

En un comunicado, acordado en la sesión del 30 de mayo pasado, el Consejo Directivo expresó su repudio al “desconocimiento de los Derechos Humanos y los derechos laborales de los trabajadores venezolanos, y, muy especialmente de los profesores, administrativos y obreros universitarios”.

Indicó que “no es posible que con un sueldo básico de máximo Bs. 5.630.788 pueda subsistir en la realidad económica actual un trabajador de rama laboral alguna, mucho menos de la educativa, la cual debería ser prioridad para el Estado, como también está establecido en nuestra Carta Magna”.

El CD señaló que para “atender esas ingentes necesidades urge la aplicación cabal de la Constitución cuando señala: ‘El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica’”.

La canasta básica familiar, que para abril se ubicaba en Bs. 137.641.692,65, “debe ser el orientador económico en materia de sueldos y salarios; no otro, no la imposición ni el desconocimiento de todos los derechos por parte del gobierno de Venezuela, como ocurre en la actualidad con esa tabla de ajustes de sueldos. Esta desproporcionada acción económica contra los trabajadores coloca a las universidades al margen de las reglamentaciones y leyes internas así como a incumplir con derechos fundamentales de la persona humana, a pagar sueldos indignos de cualquier profesional, lo que ubica a las universidades nacionales en riesgo permanente en cuanto a su subsistencia institucional, debido a la diáspora que genera en todos los sectores laborales que la integran, especialmente el raigal que es el sector académico, e impide la prosecución adecuada del cumplimiento de sus objetivos, primordiales para el desarrollo de la nación”.

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