Comunicado del Consejo Directivo y gremios
El Consejo Directivo, la Asociación de Profesores, la Asociación de Profesores Jubilados, la Federación de Centros de Estudiantes, la Asociación de Egresados y la Comisión APUSB por la libertad de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, expresan su repudio más absoluto ante las muertes por armas de fuego de estudiantes y otros jóvenes que recientemente han enlutado al país.
Es deber del gobierno nacional contener, en lugar de propiciar a través de discursos desmedidos y un accionar nocivo, la violencia que sacude actualmente a Venezuela. El derecho a la vida y la prohibición del uso de armas de fuego en manifestaciones públicas son principios establecidos en nuestra Constitución que deben hacerse respetar de inmediato, a como dé lugar.
Deploramos profundamente la injusta muerte de los estudiantes Kliuberth Roa y Jhon Barreto, en Táchira; José Daniel Frías y Julio Alejandro García, en Mérida. Así como también las de Yasmir Tovar y Gerardo Gómez, en Caracas y Johander Escasio en La Guajira. Estos fallecimientos deben ser esclarecidos en todos sus detalles y los autores deben ser condenados, luego de enjuiciarlos.
Se aprecia en las muertes, las detenciones arbitrarias de políticos y múltiples manifestantes, los retardos procesales, la desatención de la salud de los detenidos, los aprisionamientos en cárceles comunes, donde abunda el hacinamiento y las torturas físicas y psicológicas, un desprecio por la protección y el cuido de los derechos humanos en nuestro país.
La Universidad Simón Bolívar, su Consejo Directivo y los variados gremios antes mencionados, manifiestan su disconformidad con el tratamiento que se le ha venido dando, especialmente desde el año pasado, desde el gobierno nacional, a la expresión libre de las voluntades políticas.
Por último, hacemos un llamado a todos los órganos, nacionales e internacionales, que puedan incidir en la transformación de este rumbo equivocado que desde la dirección gubernamental nacional se ha establecido en perjuicio de la población especialmente joven y sus derechos humanos. Exigimos que se imponga la paz.
Sartenejas, 26 de febrero de 2015