Profesores universitarios se declaran en quiebra económica y descapitalización patrimonial

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) se declaró en conflicto “por la confiscación salarial a través del pago del Impuesto sobre la renta (ISLR), en quiebra económica y descapitalización patrimonial”.

Para la Fapuv, “es escandaloso” que en la situación de “pérdida continuada de nuestro patrimonio familiar producto de la disminución del salario real, el gobierno nacional, a través del Seniat, pretenda cobrarnos impuestos por montos que representan entre dos y tres meses de salario”.

La Federación indicó que los profesores “no están en capacidad de pagar”, y solicitó exonerar del pago del impuesto sobre la renta “a todos los trabajadores del país que ganen menos que la Canasta Básica, a través de la aplicación del Artículo 197 contemplado en la modificación del ISLR de 2014, el cual le da potestad al Presidente de la República a decretar la exoneración de impuesto”.

Fapuv pidió “respetar el Estado Constitucional de Derecho, toda vez que el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta representa un quebrantamiento del principio de jerarquía constitucional”.

Con la modificación del artículo 31, tras la reforma de la ley realizada en 2014, explicó Fapuv, “se pretende pechar bonos vacacionales, aguinaldos, adelanto de prestaciones y demás conquistas de los trabajadores, distintas al salario normal, lo que constituye una grave violación a la progresividad de derechos laborales y un mecanismo inaceptable de confiscación del salario”.

Los profesores proponen que “se proceda a revisar y corregir la manera como se ha aplicado la retención del impuesto en nuestras universidades, dado que el salario integral, considera rubros como las primas por hogar, por hijos y lo correspondiente a caja de ahorro, consideradas éstas como aportes laborales que no deberían pagar impuesto de acuerdo con el mismo marco legal vigente”.

Por su parte, Norberto Labrador, presidente de la Asociación de Profesores de la USB, informó que el gremio está preparando dos acciones legales. La primera es adherirse a la solicitud que hicieron la UCV y UC en cuanto a la nulidad del artículo 31 de la Ley ISLR. “Ya se lo planteamos al rector Enrique Planchart y el tema fue discutido en el seno del Consejo Directivo de la USB”.

La segunda acción, es la elaboración de una solicitud de Amparo Constitucional, “acompañado de medida cautelar que tiene como finalidad disminuir de manera importante la carga que anticonstitucionalmente está imponiendo el gobierno nacional al mantener congelado el valor de la unidad tributaria y el límite de la carga impositiva”.

Igualmente, indicó Labrador, “expusimos la situación de discriminación que padecemos con respecto a la cobertura de la prima básica con respecto a empleados y obreros, quienes disfrutan de una prima de Bs. 200.000, mientras que a los profesores se nos mantiene con una prima de Bs. 30.000”.