Yudey Rodríguez: “Niños en condición de calle se debe a falta de políticas públicas”

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Yudey Rodríguez, integrante de la Unidad de Políticas Públicas de la USB.

Stella Torcat / Departamento de Información y Medios USB.-

Diferentes instituciones, profesionales y académicos se reunieron recientemente en la USB durante el IV Encuentro Internacional de Ridiacc en Venezuela: Por la defensa de la infancia y adolescencia en condición de calle.

En el foro participó Yudey Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora de la Unidad de Políticas Públicas de la USB, quien desde una perspectiva académica contextualizó la situación de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle en Venezuela.

La profesora Rodríguez comentó que el problema de la existencia de niños en condición de calle se debe a la falta de políticas públicas y no es un fenómeno reciente en el mundo ni exclusivo de Venezuela, por el contrario, “es una realidad que atraviesan diversos países especialmente aquellos en vías de desarrollo”.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, “el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías”, en consecuencia, es el Estado el ente encargado de diseñar las políticas, programas y asistencia para cumplir con su obligación y permitir que la familia y la sociedad asuman sus responsabilidades (artículos 5 y 6). “Aunque existen varios espacios, no son suficientes”, puntualizó Rodríguez.

La uesebista presentó varios aspectos de su investigación que comenzó en 2001 con su trabajo de grado de la Maestría en Ciencia Política, en el cual diseñó un modelo de políticas públicas que respondiera al problema de los niños en condición de calle en Venezuela, con el objeto de “identificar los factores determinantes del problema; proponer acciones orientadas para su disminución y/o mejoramiento e identificar las instituciones involucradas en el proceso”.

Para analizar este problema el modelo propone cuatro sistemas de políticas (ámbitos de acción): económico, educativo, sociocultural e institucional, cuyos factores determinantes son desempleo, alto índice de pobreza, crecimiento económico expresado en el PIB; analfabetismo, deserción escolar, difícil acceso a la educación pública; descomposición familiar, ambiente sociocultural donde reside el niño; falta de políticas definidas y coordinadas, discontinuidad en los programas y ausencia de sistemas de seguimiento y evaluación.

Destacó que entre las limitaciones que tienen los investigadores de este tema está el reducido número de trabajos publicados en el contexto nacional e internacional y la falta de estadísticas actualizadas, siendo las cifras más recientes el Análisis de Situación de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (MCED), realizado en 1992 por el INAM y Unicef, donde “se estimó que de una población de niños, niñas y adolescentes en Venezuela que llegaban a unos 7 millones, 4 millones 800mil presentaban necesidades de atención preventiva; de los cuales 9 mil 583 se encontraban institucionalizados en centros del INAM; un millón 584 mil 729 en circunstancias especialmente difíciles y dos mil se ubicaban dentro de la categoría de niños de la calle”.

Luego FundaICI realizó un estudio en 1994, el cual consideró que “el número de niños de la calle había aumentado a 3 mil 650 y el total de niños observados y/o reportados fue de mil 139”.

Marco legal

Durante su ponencia la profesora Rodríguez mencionó que existe un marco legal que protege al niño, niña y adolescente que incluye -en el ámbito internacional- la Declaración de los Derechos del Niño (1969), Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990); mientras que en el contexto nacional se ha promulgado La primera Tabla de los Derechos del Niño (1936), Ley Tutelar del Menor (1980), Ley Aprobatoria de la Convención del Niño (1990), Conferencia Nacional sobre los Derechos del Niño (1991), Plan de Acción Intersectorial de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia (1994), Plan Maestro de Operaciones de Cooperación entre UNICEF y Venezuela (1996-2000), Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y el Adolescentes (1998), Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1998), Reglamento de Expedición de Partidas de Nacimiento (1998), Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (1999)- artículos 75, 78, y 79, Reforma Parcial de Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y el Adolescentes (2007 y 2015).

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Marino González, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de la USB.

Para finalizar la profesora uesebista propuso realizar un censo actualizado sobre la situación de los niños en condición de calle, establecer alianzas interinstitucionales y definir estándares mínimos de calidad para los programas o servicios de atención ofrecidos a la infancia, entre otros.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del profesor Marino González, miembro de la Unidad de Políticas Públicas de la USB, quien señaló que al comparar la evolución de la economía venezolana en el contexto mundial ésta es la que “más se ha destruido” en el siglo XXI. “Eso significa que 73% de la población, al menos para 2015, estaba en situación de pobreza y de esos 50% en situación de pobreza extrema, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2015, elaborada por las universidades Simón Bolívar (USB), Católica Andrés Bello (UCAB) y Central de Venezuela (UCV)”.

González explicó que, aplicado a esa población “prácticamente uno de cada dos niños en el país no tiene que comer”, por lo que considera necesario “que se apliquen políticas sociales y económicas diferentes a las que tenemos en este momento”.

La actividad fue organizada por la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición de Calle (Ridiacc), con la colaboración de la Universidad Simón Bolívar, la Unidad de Políticas Públicas (UPP- USB), el Instituto de Altos Estudios de América Latina (Iaeal), la Campaña Nacional Criança Não é de Rua y la Asociación Civil Red de Casas Don Bosco.

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