Violación a la autonomía y persecución política principales problemas de la universidad venezolana

Rectores muestran crisis de universidad venezolana en la 51° Reunión del Centro Interuniversitario de Desarrollo, Cinda

En un documento titulado Situación de las universidades venezolanas y posibilidades de cooperación con la red de universidades Cinda, los rectores de las Universidades Metropolitana, Centroccidental Lisandro Alvarado y Simón Bolívar, expusieron la dramática situación que viven estas casas de estudio, así como el sistema nacional de universidades del país.

Esta exposición tuvo lugar en la 51° Reunión de la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, Cinda, celebrada en la Università Degli Studi Di Genova, con la idea de explorar posibilidades de cooperación con la red de universidades pertenecientes a este Centro.

La violación a la autonomía a la universidad venezolana encabeza el drama de las casas de estudio, la cual se ha materializado mediante recursos de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que impiden la realización de elecciones de autoridades, por lo que las universidades autónomas tienen un promedio de cinco años de retraso en la renovación de los cargos de rectoría y decanatos.

Por otro lado, expone el documento, desde el año 2016, una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ impide la realización de exámenes de admisión en las universidades nacionales, los estudiantes son asignados por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, bajo criterios que “en el mejor de los casos podrían calificarse como grises, lo cual tiene consecuencias severas sobre las posibilidades de éxito de los estudiantes, ya que ingresan jóvenes con precaria formación en educación media, lo que les impide responder a las exigencias de las casas de estudio”.

En cuanto a las universidades privadas, el gobierno a través de los entes encargados de regular el área de tributos (Seniat) o de la fiscalización de los precios de los productos comercializables (Sundde) ha implementado una política de seguimiento, fiscalización e imposición de regulaciones que ha derivado en mayores controles a la actividad universitaria, y se reforzó la modalidad de control a través de la última reforma en las políticas económicas y fiscales anunciadas en agosto, que establece que las empresas, organizaciones e instituciones deben declarar su actividad económica y realizar el pago de tributos con una periodicidad semanal.

Estudiantes asesinados y otros detenidos

La persecución política de autoridades y miembros de la comunidad universitaria es el segundo problema de la lista de aspectos críticos que comprometen el funcionamiento de las universidades, pues diversos miembros de las comunidades universitarias han sido víctimas de violación de derechos humanos por parte de funcionarios civiles y militares del gobierno.

El caso más emblemático es el asesinato del joven estudiante de la Universidad Metropolitana, Juan Pablo Pernalete, ocurrido el 26 de abril de 2017, a causa del impacto de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana durante una manifestación pacífica realizada ese día contra el gobierno, y que a más de un año de los sucesos, no ha habido avances en las investigaciones sobre los responsables.

Según explica el documento, las fuerzas de seguridad del Estado que respondieron a esta y a las numerosas manifestaciones que se registraron en el país durante los meses de abril hasta agosto de 2017 (se contabilizaron un total de 6.729 manifestaciones durante estos meses), “arrestaron arbitrariamente a decenas de estudiantes, quienes sufrieron agresiones, abusos y violaciones a sus derechos humanos durante su cautiverio, así como el irrespeto al debido proceso que establece la legislación vigente. Se instauró la criminalización de las protestas estudiantiles y ciudadanas, registrándose en este período un saldo de más de 163 personas fallecidas, en su gran mayoría jóvenes, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social”.

Otro ejemplo de violación de los Derechos Humanos fue la detención arbitraria de un grupo de estudiantes de la USB, quienes gracias a la diligente intervención de la Asesoría Jurídica de esa casa de estudios fueron liberados a los pocos días sin haber sufrido maltratos físicos graves. En cuanto a la Unimet, el Movimiento Estudiantil de esta universidad, conjuntamente con el de otras universidades de Caracas, realizó seis convocatorias a manifestar pacíficamente en sus inmediaciones. Todas fueron reprimidas por agentes del Estado, normalmente pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de manera excesiva y sin cumplir con las leyes nacionales ni los estándares internacionales en materia de control de orden público.

A principios de 2018, la estudiante de la Unimet, Geraldine Chacón, integrante de la ONG Embajadores Comunitarios, organización orientada a fomentar el derecho a la educación, la libertad de pensamiento y de expresión que se desarrolla bajo los auspicios de la Unimet y la Universidad Católica Andrés Bello, fue arbitrariamente detenida y retenida durante más de 5 meses en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, y Amnistía Internacional la declaró prisionera de conciencia.

Otro caso emblemático ha sido la detención arbitraria del profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Santiago Guevara, acusado de Traición a la Patria por presuntamente planear un golpe de Estado, simplemente por haber participado en varios pronunciamientos de la casa de estudios, con recomendaciones al Ejecutivo Nacional para abordar los problemas sociales y económicos del país. El profesor, de 67 años de edad, permaneció detenido durante 10 meses y fue liberado junto con 80 presos políticos en diciembre 2017.

Otros temas que se dieron a conocer en la Reunión de Cinda fueron: Imposición de órganos paralelos de gestión universitaria, trabas para la aprobación de nuevas carreras a las universidades privadas, precaria situación presupuestaria, Salarios de hambre (-50 USD/mes en universidades públicas y – 80 USD/mes en privadas, con mínima diferenciación con ascenso en el escalafón, diáspora de profesores, personal administrativo y estudiantes, imposibilidad de acceso a divisas, dificultades económicas y logísticas para la prosecución de estudios, incertidumbre en la sostenibilidad de programas sociales.