Deuda de la Unidad Educativa USB impide cumplir exigencias del Ministerio de Educación

 Lisbeth Bernal / Departamento de Información y Medios USB.-

Debido a una gran deuda que debe cancelar la Unidad Educativa Universidad Simón Bolívar con respecto a las prestaciones sociales del personal y numerosas e importantes reparaciones que requiere su planta física, se aprobó en una reciente asamblea el aumento de los aportes de los asociados. El incremento sobrepasa el porcentaje límite que impuso el Ministerio de Educación en el cobro de la matrícula, sin embargo, dicho colegio forma parte de una Asociación Civil sin fines de lucro, por lo cual, no existe un pago de inscripción por alumnos, así como tampoco un pago de matrícula mensual, sino un pago único de cuota de aportación por asociado más aportes mensuales para gastos de funcionamiento, cuyos cobros no dependen del Ministerio, sino sólo de lo acordado por los asociados en asambleas según sus estatutos vigentes, explicó Fátima De Abreu, secretaria de la asociación.  

Otro factor que incide en el incremento, señaló De Abreu, es que dicha institución funciona bajo un modelo educativo asistencial que presta servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lo que exige un nivel de mantenimiento y gastos más altos en comparación con los que presenta la mayoría de los planteles educativos, ya que ellos trabajan sólo hasta el mediodía.

Tales explicaciones fueron dadas ayer durante la visita de representantes del Indepabis, quienes abrieron un procedimiento “netamente administrativo” por denuncias sobre un aumento indebido en el cobro de la matrícula escolar, entre otras razones, informó uno de los fiscales presente, Luis Caicedo.

En total suman entre 25 y 30 denuncias recibidas por este organismo, afirmó el fiscal de Indepabis. Algunas de ellas, se refieren a una supuesta preferencia en el proceso de admisión que favorece a miembros de la comunidad externa a la USB. Según las denuncias, 80 por ciento de los estudiantes provienen de las zonas aledañas y sólo el 20 por ciento son hijos del personal académico, administrativo, técnico y obrero de esta casa de estudios.

Sin embargo, De Abreu informó que en los procesos de admisión se manejan otros porcentajes, 70 por ciento debe provenir de la comunidad universitaria y 30 por ciento de las comunidades vecinas.

Con respecto al aumento en la matrícula, De Abreu señaló que en la asamblea convocada por la asociación el 26 de septiembre se presentaron en la discusión tres escenarios del presupuesto de ingresos y egresos, estimado del 1 de septiembre 2011 hasta el 31 de agosto de 2012, a fin de que los padres y representantes tomaran una decisión sobre los aportes que debían realizar, llegándose a la aprobación de uno de ellos, en cumplimiento con los estatutos que posee la asociación, ya que entre las funciones de la asociación está “determinar el monto de las cuotas que deben pagar los asociados por concepto de gastos de administración y de los aportes a las instituciones que dependen de la Asociación”.

Todos los escenarios, explicó De Abreu, se diseñaron para atender las necesidades que presenta el colegio, aunque la principal razón del aumento, indicó, está en las reparaciones del espacio físico y los pasivos laborales, cuya deuda se estima cancelar entre este año y el próximo. No obstante, aclaró que no han dejado de honrar los compromisos surgidos este año, pero si un gran porcentaje del personal se va, informó, no podrían pagar sus prestaciones, de ahí la urgencia de poner al día la deuda a más tardar en el año 2012. 

No se diseñaron escenarios para pagar la deuda en tres años o más, debido a los altos intereses que genera dicha deuda y que hacen inviable posponer su pago por más tiempo, dijo De Abreu.

Actualmente, 82 por ciento de los ingresos se destinan al pago de nómina. “Eso indica que el presupuesto se queda corto y hay que ajustarlo, y la única forma es a través de los aportes de los padres y representantes, ya que esos son los principales ingresos y de ellos vive el colegio”. Los aportes de la universidad, afirmó, son mínimos.

Por esta situación, agregó, desde hace dos años se está pidiendo el incremento de los aportes que bajo convenio ingresan al colegio.

En opinión De Abreu, “la llegada de varias cámaras de canales de televisión en conjunto con una gran cantidad de funcionarios del Indepabis para abrir un procedimiento administrativo, fue un abuso que ocasionó un clima de presión para los niños del colegio”.  

Necesidades

Actualmente, entre la lista de necesidades que se deben atender se encuentran un gran número de reparaciones de la planta física del colegio. Para primaria se requiere arreglar pupitres, el techo de 2do grado, el pasillo frente a la sala de descanso y los baños, remodelar la sala de reuniones, retocar las paredes de todos los salones, colocar láminas nuevas en las luces, lijar y barnizar todas las puertas, nivelar el piso del parque y colocar grama artificial.

Para preescolar se necesita reparar el parque, arreglar paredes, remodelar biblioteca y baños, eliminar filtraciones y cambiar losas del piso.

En otras áreas del plantel como la cantina, la entrada, pasillos también se requieren importantes reparaciones, además de resolver el problema de canalización de las aguas.

Sin fines de lucro

Esta asociación tiene 22 años funcionando, se constituyó “sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia con amplia capacidad para realizar todos los actos de cualquiera naturaleza que sean y que se consideren necesarios y conducentes al cumplimiento de sus fines conforme a la ley. Es promovida por la Universidad Simón Bolívar e independiente de ella, para garantizar a los hijos del personal docente y de investigación, administrativo y técnico, obrero y estudiantes, su formación  escolar y académica, de donde nacen los vínculos y compromisos de apoyo entre ambas instituciones, cada una de las cuales cumple objetivos específicos dentro de una misión conjunta de formación, promoción y bienestar de sus respectivas comunidades. Junto al Estado y a las familias, la Asociación Civil promueve el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución, en la ley y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’ y la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI”.