Denuncian que egresado de la USB permanece incomunicado en “La Tumba”

La Comisión de la Asociación de Profesores USB (Apusb) por la Libertad de los Estudiantes acompañó hoy a los familiares del egresado uesebista Juan Miguel De Sousa a la sede del Ministerio Público, para denunciar la situación de incomunicación en la que se encuentra desde hace siete días.

De acuerdo con la Comisión, conformada por los profesores Jhonathan Arteaga, Aminta Villegas y William Anseume, De Sousa está recluido bajo acusación de terrorismo en el sector de calabozos ubicados en sótanos, conocido como “La Tumba”, del Sebin en Plaza Venezuela. “Juan Miguel, así como los estudiantes Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés, padece esa tortuosa reclusión, pero hace seis días ni sus familiares ni sus abogados saben de ellos. Así, la Comisión de la Apusb acompañó hoy a su esposa, señora Jackeline de Sousa, para solicitar ante el Ministerio Público que se le restablezcan los derechos conculcados a este brillante ingeniero egresado de la USB”.

Para el día de hoy 24 de noviembre de 2015, indicó la Comisión, Juan Miguel está cumpliendo “siete días totalmente incomunicado. No han recibido ni siquiera una llamada telefónica, ni le han permitido el ingreso de sus medicinas. Se desconoce su situación”.

El profesor William Anseume informó que familiares y abogados fueron atendidos por el vicefiscal general, Joel Espinoza, quien les indicó que se abocarán a atender la situación de De Sousa y los dos estudiantes.

Asimismo, los abogados consignaron ante la Dirección de Derechos Fundamentales la denuncia escrita “sobre los hechos irregulares desde el día 18 / 11 / 2015, por parte de los funcionarios del Sebin, Plaza Venezuela ‘La Tumba’, quienes no dan explicación sobre la suspensión de las visitas de familiares y abogados”, de acuerdo con lo informado a través de @FUNDECI1 por la ONG Fundeci (Fundación para los Derechos y Equidad Ciudadana), cuyos abogados defienden a los detenidos.

Juan Miguel De Sousa tiene 51 años y es ingeniero en Computación egresado de la Universidad Simón Bolívar (1989). Actualmente, no ejerce su profesión, ya que tiene 20 años dedicado al mercado inmobiliario.

Según el recuento del caso divulgado por la Comisión, el uesebista fue detenido sin orden judicial el 21 de enero del 2015 tras un allanamiento de su domicilio por parte del Sebin. Sus familiares no tuvieron conocimiento de él hasta el 11 de febrero del 2015 cuando recibieron una llamada de Juan Miguel indicándoles que se encontraba recluido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, “La Tumba”.

De Sousa tiene varias dolencias y padecimientos de salud y ha presentado problemas cardiovasculares, odontológicos e infecciosos “que no han podido ser debidamente atendidos en la férrea prisión que le ha sido asignada”. El día 18 de agosto de 2015 fue encontrado sin conocimiento en el piso de su celda, se presume que por una subida abrupta de la tensión arterial. Fue trasladado de emergencia al Hospital Militar donde se le practicaron unos exámenes y se le prescribió una tomografía, la cual no se ha hecho en espera de la orden correspondiente. “Su familia está desesperada, solicitan asistencia médica especializada ya que Juan Miguel ha presentado continuamente dolores de pecho, requiriendo la asistencia de un cardiólogo, así como un odontólogo y un otorrino, ya que, tras la pérdida de una amalgama, Juan Miguel ha sufrido de infecciones que se han propagado hasta el oído. Las muy bajas temperaturas de su celda de 2 x 3 metros en el sótano 4 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, han incidido en la recurrencia de gripes y afecciones pulmonares”.

Dado que su familia no puede cubrir los costos de un abogado privado, el Ministerio Público le asignó un defensor público el cual cambió en cuatro oportunidades. Adicionalmente, su audiencia preliminar sufrió más de cinco diferimientos. Estos elementos dificultaron la preparación de una defensa justa y consistente para Juan Miguel.

El día 11 de noviembre de 2015, tras haber asumido su defensa la ONG Fundación para los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci), se celebró la audiencia preliminar, en la cual se pudo conocer formalmente que Juan Miguel fue acusado de terrorismo, delito que acarrea una pena de hasta 24 años. Su abogado, Joel García (Fundeci) expuso el contenido de la acusación: “’por tener una bandera tricolor, pero que tiene el grave delito de tener siete estrellas y no ocho’, eso es un elemento de convicción para estimar que ese ciudadano, ese ingeniero, es terrorista y pertenece a una asociación de terrorista”.